Conservación patrimonial en Quito y participación ciudadana:
una relación hacia la sostenibilidad
Heritage Conservation in Quito and Citizen Participation: A Relationship
Towards Sustainability
Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador
INPC
https://revistas.patrimoniocultural.gob.ec/ojs/index.php/INPC
Periodicidad: semestral - continua
Resumen
Vanessa Buenaño Moreno
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
FLACSO.
vanne.b.96@gmail.com
INPC Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador,
03/2026-08/2026, vol. 3, nro.2, e18
https://doi.org/10.5281/zenodo.19340439
El presente artículo analiza las políticas públicas de conservación patrimonial en Quito, destacando la
participación ciudadana como un eje indispensable para la sostenibilidad del modelo actual y futuro. Se parte
del reconocimiento de que el patrimonio cultural no solo constituye memoria e identidad, sino también un
recurso vivo cuya preservación debe articular dimensiones sociales, económicas y ambientales. En este sentido,
la participación de la ciudadanía garantiza no solo la legitimidad democrática, sino también la continuidad y la
adaptación de las políticas frente a las transformaciones urbanas y sociales.
A través de un recorrido histórico-normativo, se identican los principales hitos que han congurado la gestión
patrimonial en la ciudad: la declaratoria de la UNESCO en 1978, la emergencia tras el terremoto de 1987, la
Constitución de 2008 con su reconocimiento integral del patrimonio, y la transferencia de competencias a
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (2015). Estos procesos se consolidan con la reciente Ordenanza
Metropolitana 081-2024, que incorpora explícitamente la participación ciudadana en la formulación de planes
de gestión y en la toma de decisiones sobre bienes patrimoniales.
Por lo tanto, sin una ciudadanía informada y comprometida, los modelos de conservación corren el riesgo de
convertirse en procedimientos administrativos, desconectados de las necesidades reales de los habitantes.
Además, se evidencian limitaciones como la falta de representación técnica de la sociedad civil y el despoblamiento
progresivo del Centro Histórico. Finalmente, se plantea que, a través de una gestión participativa, integral y
sostenible, será posible consolidar políticas públicas que garanticen un patrimonio habitable, resiliente y
representativo para las generaciones presentes y futuras.
Palabras clave: conservación patrimonial, participación ciudadana, sostenibilidad, Quito
Abstract
This article analyzes public heritage conservation policies in Quito, highlighting citizen participation as an
essential cornerstone for the sustainability of the current and future model. It is based on the recognition that
cultural heritage not only constitutes memory and identity, but also a living resource whose preservation must
articulate social, economic, and environmental dimensions. In this sense, citizen participation guarantees not
only democratic legitimacy but also the continuity and adaptation of policies in the face of urban and social
transformations.
Through a historical and regulatory overview, the main milestones that have shaped heritage management in
the city are identied: the UNESCO declaration (1978), the emergency following the 1987 earthquake, the 2008
ISSN 3028-8886
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Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2026
Introducción
Herencia, memoria e identidad constituyen
razones fundamentales para conservar el patrimonio
cultural. Estas pueden analizarse desde dimensiones
sociales, económicas y medioambientales, que en el
contexto ecuatoriano contemporáneo se articulan bajo
el eje social del Plan Nacional de Desarrollo para el
Nuevo Ecuador (Secretaría Nacional de Planicación,
2024), vigente en la actualidad. No obstante, resulta
indispensable integrarlas bajo el principio de
sostenibilidad, ya que este enfoque reconoce que los
valores sociales, económicos y medioambientales
derivados de la conservación poseen igual relevancia
al momento de tomar decisiones, permitiendo
alcanzar un equilibrio entre ellos.
En este marco, para que el modelo de
conservación cultural pueda reorientarse, es
necesario considerar la corresponsabilidad en
materia patrimonial establecida en el artículo 83 de la
Constitución de la República del Ecuador (Asamblea
Nacional del Ecuador, 2008), en el que menciona que:
“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas
y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en
la Constitución y la ley: [...] 13. Conservar el patrimonio
cultural y natural del país, y cuidar y mantener los
bienes públicos”.
De tal forma, la Constitución, garantiza
el disfrute del patrimonio cultural tanto para las
generaciones presentes como para las futuras. Es así
que, la participación ciudadana se congura como
un elemento esencial para alcanzar una gestión
patrimonial sostenible, puesto que, únicamente
mediante una ciudadanía informada, comprometida
y consciente de su patrimonio cultural, los modelos
de conservación podrán consolidarse, mantenerse
en el tiempo y transformarse de acuerdo con las
necesidades sociales.
Por lo tanto, el presente artículo realiza un
breve recorrido por el marco normativo vigente y
los momentos clave de transformación de la política
pública de conservación patrimonial en el caso de
estudio, Quito. A continuación, se revisará el modelo
normado de participación ciudadana y su relación con
el diseño, implementación y posible modicación de
dicha política. Estos elementos se analizan mediante una
crítica al modelo de conservación patrimonial vigente,
fundamentada en las políticas públicas actuales, con
el propósito de identicar en qué medida responden a
las demandas sociales y si garantizan su sostenibilidad
a lo largo del tiempo. En este marco, se plantea la
pregunta central de investigación: ¿Cómo contribuye
la participación ciudadana al desarrollo de políticas
públicas de conservación y gestión sostenible del
patrimonio cultural en Quito, y cuáles son las limitaciones
del modelo actual para representar efectivamente a la
población beneciaria?
Marco normativo y evolución de la política
pública patrimonial en Quito
La transformación de las políticas públicas en
materia de conservación patrimonial ha sido progresiva
y responde a momentos clave en los que la atmósfera
política y socioeconómica del país experimentó cambios
signicativos en la forma de priorizar este ámbito.
a. Reconocimiento de la UNESCO (1978)
El primer hito se dio en 1978, cuando la UNESCO
declaró al Centro Histórico de Quito como Patrimonio
Cultural de la Humanidad, lo que marcó un antes y un
después en la valoración del patrimonio. Este hecho
motivó la creación de un marco institucional y político
orientado a su preservación, conforme a los lineamientos
internacionales.
Constitution with its comprehensive recognition of heritage, and the transfer of powers to the Decentralized
Autonomous Governments (2015). These processes are consolidated in the recent Metropolitan Ordinance 081-
2024, which explicitly incorporates citizen participation in the formulation of management plans and decision-
making regarding heritage assets.
Therefore, without an informed and engaged citizenry, conservation models run the risk of becoming
administrative procedures, disconnected from the real needs of residents. Furthermore, limitations such as the
lack of technical representation from civil society and the progressive depopulation of the Historic Center are
evident. Finally, it is proposed that through participatory, comprehensive, and sustainable management, it will
be possible to consolidate public policies that guarantee a habitable, resilient, and representative heritage for
present and future generations.
Keywords: heritage conservation, citizen participation, sustainability, Quito
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Conservación patrimonial en Quito y participación ciudadana: una relación hacia la sostenibilidad
INPC, Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador
En este contexto, de acuerdo a los archivos de la
UNESCO (1978a) constaba que el estado legal del Centro
Histórico era administrado por el Ilustre Municipio de
Quito. En este contexto, ya existían las ordenanzas Nro.
1727 y 1377, gestionadas por la Comisión del Centro
Histórico desde 1975. En estas ordenanzas se destacó la
importancia de la “Escuela Quiteña” y se contextualizó
el valor histórico de Quito, reconociendo tres etapas:
1534 (fundación de San Francisco de Quito), 1563
(establecimiento de la Real Audiencia) y 1830 (capital de
la República del Ecuador). Asimismo, se identicaron
como agentes responsables de preservación a la Dirección
Nacional de Patrimonio Artístico y al Centro Histórico del
Municipio.
En este marco se creó en 1978 el Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), con la misión
de garantizar la conservación del sitio y reportar
periódicamente su estado a la UNESCO. Paralelamente,
la UNESCO (1978b) reconoció la existencia de
organismos internacionales responsables de la gestión
del patrimonio mundial, como UNESCO, ICOMOS,
ICCROM e IUCN, encargados de la administración de la
World Heritage List.
b. Terremoto y emergencia patrimonial (1987)
El segundo momento decisivo ocurrió en 1987,
cuando un terremoto afectó gravemente al Centro
Histórico de Quito, provocando daños estructurales
y derrumbes en numerosas edicaciones; como
respuesta, el gobierno creó el Fondo de Salvamento
(FONSAL) mediante la Ley No. 82, publicada en el
Registro Ocial No. 838 del 23 de diciembre de 1987.
Este fondo, nanciado principalmente por un impuesto
especial a nivel nacional, permitió canalizar recursos
para la rehabilitación inmediata del patrimonio.
Posteriormente, en 1994, se conformó la Empresa
del Centro Histórico de Quito (ECH), que trabajó en
cooperación con la Junta de Andalucía y con apoyo
nanciero del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). La Junta de Andalucía no solo aportó recursos
económicos, sino también asistencia técnica a través
de programas de formación, intercambio y presencia
de especialistas en restauración. Gracias a esta
cooperación, se concretaron proyectos emblemáticos
como la Casa de los Siete Patios, que combinó vivienda
social y rehabilitación patrimonial. Asimismo, se
impulsó la liberación del espacio público mediante la
reubicación de comerciantes en centros comerciales
dentro del área del Centro Histórico, devolviendo así
las calles y veredas al uso peatonal.
Cabe resaltar que, si bien el Centro Histórico
tuvo inicialmente un carácter político y residencial, con
el tiempo consolidó un perl comercial popular que
se mantiene hasta la actualidad.
c. Nueva Constitución y fortalecimiento
institucional (2008–2010)
El tercer hito corresponde a la Constitución
de 2008, que reconoció tres tipos de patrimonio:
cultural, natural y genético. Dentro del patrimonio
cultural se incluyen el tangible y el intangible; el
primero comprende los bienes muebles e inmuebles,
cuya preservación recae en el pueblo ecuatoriano.
Este marco constitucional impulsó reformas legales,
reglamentarias e institucionales, que culminaron con
la transformación de la Empresa del Centro Histórico
en Innovar UIO en el 2008y, posteriormente, con la
creación del Instituto Metropolitano de Patrimonio
(IMP) en el 2010.
El IMP fue establecido mediante la Resolución
No. RES-2010-040, suscrita el 28 de diciembre de
2010 durante la alcaldía del PhD. Augusto Barrera.
Según el Municipio de Quito (2010), el IMP asumió
las competencias del FONSAL (Ocio Nro. 1082-
SGP-2010), el cual nalizó sus proyectos en ejecución
y se constituyó con autonomía administrativa
y nanciera, adscribiéndose a la Secretaría de
Territorio, Hábitat y Vivienda. Desde entonces, con
cada administración municipal se han ampliado
los criterios de protección, incorporando no solo al
Centro Histórico, sino también a núcleos históricos
parroquiales como Guápulo, Cotocollao, Cumbayá,
Puéllaro y Pifo.
d. Transferencia de competencias a los GAD
(2015)
Finalmente, en 2015, el Consejo Nacional de
Competencias transrió ocialmente la competencia de
conservación patrimonial a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD), mediante las resoluciones No.
0004-2015, No. 006-CNC-2017 y No. 001-CNC-2018.
En este nuevo modelo, el Ministerio de Cultura
y Patrimonio junto al l INPC actúan como entes
rectores de la política a nivel nacional, mientras que
el IMP ejecuta las acciones a nivel local a través de
programas anuales. Este proceso se llevó a cabo en
la administración de Mauricio Rodas, mediante la
Resolución Administrativa 015 (Municipio de Quito,
2016), que recoge los artículos 21 a 25 y 377 a 380 de
la Constitución, referentes a derechos culturales y su
régimen de aplicación.
Dicha resolución se alinea con instrumentos
internacionales como la Declaración Universal de los
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Vanessa Buenaño Moreno
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2026
Derechos Humanos, la Declaración de la UNESCO
sobre la Diversidad Cultural, la Agenda 21 de la Cultura y
las directrices de la Organización Mundial de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
De entre sus disposiciones destacan, de la
Resolución Administrativa 015, los artículos 4, 8 y 12,
que mencionan de acuerdo al Municipio de Quito (2016):
Artículo 4.- La cultura y el desarrollo
sostenible:
La cultura y el medio ambiente están
íntimamente ligados. Los ecosistemas y los
espacios naturales son también portadores
de cultura, en la medida en que nos remiten
a nuestra historia, conocimientos prácticos e
identidad como el patrimonio gastronómico,
aportan valores estéticos como los paisajes
urbanos o rurales; o condicionan nuestra
capacidad de respuesta ante los cambios
como la resiliencia. Los conocimientos que los
habitantes tienen de sus ecosistemas son las
primeras riquezas de los territorios.
El diálogo continuo entre prácticas culturales
y medioambientales es esencial para la
formación de una sociedad comprometida con
la conservación y el desarrollo sostenible.
Artículo 8.- Derecho al acceso y participación
en la vida cultural:
Es el derecho que tiene toda persona a difundir
sus propias expresiones culturales y a tener
acceso a expresiones culturales diversas.
Artículo 12.- Derecho a la inserción en la
economía
Es el derecho que tiene cada persona de manera
individual o colectiva a concebir, producir y
utilizar los bienes y servicios culturales, y de
beneciarse económicamente de ellos.
Por otro lado, el Municipio de Quito (2024),
durante la alcaldía de Pabel Muñoz, emitió la
Ordenanza Metropolitana 081-2024, en referencia a
la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, la Ley
Orgánica de Cultura y el Acuerdo Ministerial DM-
2020-063 del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Esta normativa dene las atribuciones de las
siguientes áreas:
- Alcaldía Metropolitana,
- Consejo Metropolitano de Quito,
- Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio
del Consejo Metropolitano,
- Subcomisión Técnica de Áreas Históricas y
Patrimonio,
- Instituto Metropolitano de Patrimonio,
- Registro de la Propiedad,
- Administraciones Zonales,
- Agencia Metropolitana de Control.
La ordenanza incorpora el principio de la
participación ciudadana, desde la formulación de los
planes de gestión. En el artículo 3809, denominado “De
los planes de gestión integral” menciona que:
Los programas y proyectos asociados a la gestión
de los inmuebles del patrimonio nacional cultural
y el desarrollo social y económico que permitan
su preservación y sostenibilidad, los mismos que
deberán contar con la participación ciudadana
para su formulación de acuerdo a lo que establece
la norma nacional vigente. (Municipio de Quito,
2024)
En términos generales, esta reforma actualiza
el régimen de uso y ocupación del suelo del Distrito
Metropolitano de Quito, adaptándolo a las necesidades
urbanas, ambientales y de conservación patrimonial
contemporáneas. Si bien su aplicación abarca la totalidad
del territorio metropolitano, pone especial énfasis en las
áreas de protección patrimonial, ambiental y de valor
histórico. Aunque se mantienen las tipologías de suelo
urbano, rural y de protección, la ordenanza introduce
criterios de sostenibilidad y conservación patrimonial,
estableciendo además restricciones y permisos
especiales para actividades en áreas patrimoniales y
núcleos históricos, con el n de vincular la conservación,
la habitabilidad y el uso compatible con la vocación
cultural e histórica de dichos espacios.
Asimismo, reconoce al inventario patrimonial
como un instrumento clave para la gestión
continua, regulando la rehabilitación, restauración
y mantenimiento de inmuebles patrimoniales,
cuya autorización previa corresponde al Instituto
Metropolitano de Patrimonio.
En este sentido, la ordenanza incorpora un
sistema de incentivos y sanciones como mecanismo
para la gestión sostenible. Se contemplan benecios
para quienes inviertan en conservación y rehabilitación,
mientras que para quienes incumplan la normativa se
prevén sanciones como multas, suspensión de licencias
o clausura de actividades. En síntesis, la ordenanza
establece lineamientos para armonizar la gestión del
suelo urbano y rural con la protección patrimonial,
garantizando que toda intervención respete el carácter
histórico y cultural del Distrito Metropolitano de Quito.
En síntesis, la evolución del marco normativo
y la motivación y orientación de las políticas públicas
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Conservación patrimonial en Quito y participación ciudadana: una relación hacia la sostenibilidad
INPC, Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador
de conservación patrimonial en Quito, muestran un
proceso de consolidación institucional que responde no
solo a coyunturas críticas nacionales, sino también, a la
relación establecida por compromisos internacionales,
que está vigente a la fecha. Desde la declaratoria de
la UNESCO en 1978, posteriormente atravesando la
emergencia de 1987, la reforma constitucional de 2008
y la transferencia de competencias de conservación a los
GAD en 2015, hasta la reciente Ordenanza Metropolitana
081-2024 ocializada en 2024, se observa como los
mecanismos orientados a equilibrar la conservación del
patrimonio, aunados a las dinámicas urbanas, sociales
y económicas de la ciudad, han sido progresivos. Los
avances normativos han fortalecido la institucionalidad
y fomentado la importancia de la participación
ciudadana desde una fase inicial de diseño de programas
de conservación patrimonial, el reto actual se encuentra
en la articulación entre todas las entidades que tienen
rectoría y ejecutores, junto a su transformación, para
enfrentar las presiones contemporáneas del cambio
urbano, puesto que, actualmente, a pesar de los múltiples
esfuerzos, aún se reeja un abandono progresivo de la
población del Centro Histórico de Quito; tal y como lo
demuestran Naranjo et al. (2020), la población pasó
de 79.000 habitantes en 1990 a 49.384 en 2010, lo que
representa una pérdida del 37.5% en tan solo dos décadas.
Es así que las palabras de Luis Repetto son de vital
importancia, en cuanto señala que:
Es primordial entonces trabajar para la
revalorización de la memoria, vista como una
herramienta inherente al ser humano que le
permite conservar en el tiempo y para el futuro
expresiones de la identidad colectiva de duración
cíclica o efímera en algunos casos. (Repetto, 2006,
p. 2)
Por esta razón, comprender la atmósfera política
y socioeconómica que ha inuido en las políticas
públicas de patrimonio resulta fundamental para seguir
promoviendo una gestión más eciente y sostenible en
benecio del legado de las futuras generaciones.
La participación ciudadana en la conservación
del patrimonio: implicaciones democráticas y
desafíos en Quito
La comprensión de la participación ciudadana
en relación con las instituciones públicas parte del
entendimiento del espacio que ocupa dentro de los
poderes de la República del Ecuador. Al respecto,
Chuquimarca (2013, p. 50) señala que en la Constitución
“gura una segmentación de poderes públicos derivados
en: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, y
transparencia y control social; generando así una
novedosa conguración de división de poderes, que
clásicamente era ejecutivo, legislativo y judicial”.
En este marco, se legitima una función
especíca para la transparencia y el control social,
mediante la cual los ecuatorianos eligen a sus
representantes a través de elecciones periódicas
cada cuatro años. Dichos representantes conforman
el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social. Esta institucionalización de la participación
ciudadana constituye un elemento clave para
fortalecer la gobernanza democrática. En esa línea,
Maritan et al. (2023), citando a Sánchez Ferro (2019),
destacan las formas de participación ciudadana
expresadas en consultas populares, referendos
revocatorios y cabildos abiertos, mecanismos que
conguran expresiones de democracia directa. De
manera complementaria, Zuñiga (2017) enfatiza que
“lo patrimonial ya no se encuentra relegado sólo a
los expertos, sino que la comunidad también tiene
la facultad de ‘hacer patrimonio’ como una forma de
empoderamiento local” (p. 192).
Sin embargo, un modelo de participación
ciudadana que no reconozca ni asegure la
intervención de todos los actores involucrados puede
derivar en políticas públicas sesgadas. Un ejemplo
histórico se observa en el modelo democrático
de la Antigua Grecia, donde “era ejercida sólo por
los hombres libres” (Posada Pérez, 2019, p. 47).
Esta exclusión condujo a su eventual declive de los
procesos participativos debido, en gran medida, a
que no todos los intereses ciudadanos se encontraban
debidamente representados.
En el caso ecuatoriano, a partir de la
Constitución de 2008, se normó la participación
ciudadana en las instituciones estatales y públicas
a través de distintos instrumentos legales: la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana (2010), la Ley
Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (2009), el Reglamento de Comisiones
Ciudadanas de Selección de Autoridades (2025),
el Reglamento del Proyecto de Rehabilitación de
Inmuebles Patrimoniales Privados (2012) y el Código
Orgánico de Planicación y Finanzas Públicas (2010).
Todos estos cuerpos normativos buscan garantizar
el acceso de la población a los procesos de toma de
decisiones en torno a programas o políticas públicas,
así como asegurar el uso adecuado de los recursos
estatales.
En materia de conservación patrimonial
cultural, los procesos de representación ciudadana
no solo involucran a los habitantes de Quito, sino a
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Vanessa Buenaño Moreno
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2026
la totalidad de ecuatorianos, cuya población asciende
a 17,7 millones de habitantes (Primicias, 2024) como
beneciarios y responsables del patrimonio según la
Constitución de la República (2008) en el artículo 83.
Si bien no existe un espacio físico que pueda acoger
a toda la población, es fundamental considerar la
muestra ciudadana con la que se toman las decisiones
en cada institución pública, de modo que se garantice
diversidad y pluralidad en la participación. En este
sentido, el Reglamento de Comisiones Ciudadanas
de Selección de Autoridades (2025) establece la
conformación, atribuciones y funcionamiento de dichas
comisiones, integradas por funcionarios del Estado y
delegados ciudadanos. Estas instancias, bajo los principios
de transparencia, imparcialidad y condencialidad,
participan en procesos como la evaluación de méritos,
las postulaciones, las impugnaciones y, principalmente,
en la rendición de cuentas, fortaleciendo la democracia y
la legitimidad de la toma de decisiones.
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana
(2010) reconoce la importancia de la participación
local y el derecho ciudadano a la rendición de cuentas.
Figura 1.
Rendición de Cuentas del Instituto Metropolitano de Patrimonio, 2024.
Nota. Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio (2024).
En su artículo 64 (Art. 64.- La participación local),
determina que en todos los niveles de gobierno
existirán instancias participativas con el n de
elaborar planes y políticas conjuntas, mejorar la
calidad de la inversión pública, denir agendas de
desarrollo, implementar presupuestos participativos,
y fortalecer la democracia mediante la transparencia,
la rendición de cuentas y el control social. Asimismo, el
artículo 88 (Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición
de cuentas) consagra el derecho ciudadano a exigir
una vez al año la rendición de cuentas a instituciones
públicas o privadas que manejen recursos públicos,
presten servicios o desarrollen actividades de interés
social, así como a los medios de comunicación.
En el caso del Distrito Metropolitano de Quito
(DMQ), el agente ejecutor de la política patrimonial
es el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP).
La representación ciudadana se articula mediante
mecanismos institucionalizados que buscan equilibrar la
gestión técnica con la participación de quienes han sido
beneciados, en el año de evaluación, por algún programa
desarrollado por el IMP en conjunto con la comunidad. De
esta forma, el Instituto no solo procura cumplir con los
procesos democráticos denidos por la ley, sino también
mantener el interés de la población beneciaria directa de
dichos programas, que en el caso del DMQ corresponden
principalmente a los pobladores del Centro Histórico de
Quito y de las zonas protegidas.
La conservación patrimonial, abordada desde la
política pública, resulta fundamental para establecer una
relación entre los actores públicos y privados interesados
en este ámbito. Al respecto, Gómez (2010) sostiene que:
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Conservación patrimonial en Quito y participación ciudadana: una relación hacia la sostenibilidad
INPC, Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador
[…] El patrimonio no es únicamente el pasado,
sino que incluye asimismo otros bienes actuales
y determinadas formas de vida de diversos
sectores sociales. Por ello hay que tratar de
crear condiciones desde la política y el conjunto
de la sociedad para que todos los grupos de ella
puedan compartir y encontrar signicativos los
distintos patrimonios. (p. 8)
En cuanto a la participación ciudadana, este
artículo toma como referencia el proceso de Rendición
de Cuentas correspondiente al año 2024, realizado
el 8 de julio de 2025 por el Instituto Metropolitano de
Patrimonio (IMP) de Quito. La convocatoria se efectuó
mediante el ocio Nro. GADDMQ-IMP-2025-1780-O,
de fecha 30 de junio de 2025, y fue difundida a través
de redes sociales y otros medios de comunicación. El
informe de rendición de cuentas, a su vez, fue remitido
a la Comisión de Participación Ciudadana mediante el
memorando Nro. GADDMQ-IMP-2025-0229-M, con
fecha 13 de junio de 2025. Este proceso se enmarca
en las comisiones mixtas de asamblea ciudadana,
aprobadas y remitidas por la máxima autoridad del
IMP, y cuya exposición quedó registrada en el canal de
YouTube institucional (IMP, 2025).
Ahora bien, es pertinente explicar cómo se
estructuró este procedimiento, desarrollado en
distintas fases. En primer lugar, el ciudadano que
aplica a un programa del IMP recibe sus respectivos
benecios. Posteriormente, la junta técnica del
Instituto, responsable del proceso de rendición de
cuentas, convoca a los beneciarios a una asamblea
en la cual se expone el procedimiento y se solicita a
los ciudadanos formular sus observaciones respecto a
la gestión institucional. En esta instancia, la asamblea
elige a un representante encargado de recopilar y
remitir formalmente dichas inquietudes, lo que en este
año se materializó en el ocio Nro. GADDMQ-IMP-
DAF-USA-2025-0772-E.
En una segunda fase, parte de la asamblea
ciudadana es convocada nuevamente para revisar el
informe preliminar y elaborar preguntas adicionales
previas a su entrega ocial. Posteriormente, el informe
de rendición de cuentas es cargado en el sistema
documental SITRA, administrado a nivel del GAD del
DMQ, lo que permite dejar registro formal de la gestión
institucional correspondiente a todo el año 2024.
Finalmente, se lleva a cabo el acto público de
rendición de cuentas, en el cual los representantes
de cada área exponen su gestión y los proyectos
ejecutados durante el período scal. Paralelamente, los
representantes ciudadanos comparten su experiencia
como beneciarios y emiten sus aportes. Este
proceso se complementa con un espacio de diálogo
directo, en el mismo día del evento, en el que cada
director de área recibe a los ciudadanos para
escuchar personalmente sus dudas, observaciones y
propuestas. Como resultado de estas instancias de
participación, se elabora y entrega el Plan de Trabajo
de la Rendición de Cuentas 2024 del Instituto
Metropolitano de Patrimonio, el cual incorpora
tanto las deliberaciones públicas como los aportes
surgidos en las mesas de trabajo realizadas.
No obstante, de este ejercicio surgen dos
aspectos críticos a considerar. El primero es la
ausencia de un requisito legal que asegure la
presencia, dentro de la asamblea ciudadana, de al
menos un representante con formación técnica y
experiencia suciente para cuestionar el informe
más allá de aspectos superciales. El segundo se
relaciona con la propia dinámica institucional: la
coexistencia del agente diseñador y ejecutor de la
política con la población beneciaria en un mismo
espacio deliberativo, lo que plantea la necesidad de
incorporar variables cualitativas de la experiencia
ciudadana que trasciendan los indicadores
cuantitativos de ejecución de proyectos.
En términos generales, la participación
ciudadana en el marco de la conservación del
patrimonio en Quito se congura como un
mecanismo clave para fortalecer la democracia
y la legitimidad de las políticas públicas. La
institucionalización de la participación, a través
de leyes, reglamentos y protocolos, junto con las
comisiones ciudadanas y los procesos de rendición
de cuentas, permite articular la gestión técnica con
la voz de los beneciarios directos, promoviendo la
transparencia y el control social.
No obstante, persisten desafíos relevantes,
como la ausencia de representantes ciudadanos con
formación técnica suciente, lo que limita el análisis
crítico y profundo de los informes de gestión, así
como la concentración del diseño y ejecución de
políticas en un mismo espacio, lo que puede reducir
la consideración de las experiencias cualitativas de
la población.
En consecuencia, aunque los procesos
actuales representan avances signicativos en
inclusión y deliberación ciudadana, resulta necesario
fortalecer la participación técnica y diversicada
para garantizar decisiones que integren tanto el
proceder institucional como los aspectos susceptibles
de transformación en el tiempo, de manera que
las políticas sean equitativas y verdaderamente
representativas en la conservación del patrimonio.
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Vanessa Buenaño Moreno
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2026
Hacia un modelo de conservación sostenible
del patrimonio
La necesidad de conservar el patrimonio
cultural tangible e intangible en Ecuador reviste
gran relevancia, pues constituye una parte esencial
de nuestra herencia. Sin embargo, el patrimonio es
también un concepto dinámico que evoluciona y se
transforma junto con la sociedad. En la actualidad,
ya no basta con discutir únicamente sobre la
conservación de los bienes patrimoniales, sino que
resulta indispensable analizar cómo rehabilitarlos e
integrarlos en las dinámicas sociales de un territorio
especíco. Esto implica fomentar la vida barrial
y fortalecer aquellos valores patrimoniales que,
aunque en gran medida intangibles, sólo se hacen
efectivos cuando existe una gestión sostenible.
Una gestión patrimonial de este tipo permite
impulsar procesos de rehabilitación integral que
sean económicamente viables para la población,
garantizando así que los espacios patrimoniales se
consoliden como áreas habitadas y vivas, en lugar de
transformarse en escenarios vulnerables a procesos
de gentricación. En este marco, la sostenibilidad se
concibe a partir de tres dimensiones fundamentales:
social, económica y ambiental. Como señala
Santamarina Campo (2024):
[...] las tres dimensiones del desarrollo
sostenible (ambiental, económico y social) y
los cinco ejes centrales (planeta, personas,
prosperidad, paz y alianzas). Este enfoque
integral asegura que las prácticas de
conservación no solo preserven el patrimonio
cultural, sino que también impulsen un
desarrollo sostenible holístico. (p. 8)
En la misma línea, Sánchez-Miranda (2022)
sostiene que “el patrimonio cultural busca fomentar
la sostenibilidad, vinculada a la gestión pública,
a la vez que se crea un marco multidimensional
para la protección, salvaguarda y valorización del
patrimonio” (p. 162).
Asimismo, en la actualidad se reconoce una
relación intrínseca entre la conservación de los
inmuebles patrimoniales y el turismo sostenible,
ya que este sector se presenta como un medio de
inversión en bienes cuyo costo de intervención es más
elevado que el promedio. La rentabilidad del turismo
puede incentivar la preservación y dinamizar la
economía en torno a la cultura; sin embargo, los
ejemplos europeos evidencian también los riesgos
del turismo masivo. Si bien muchas ciudades
europeas han alcanzado altos niveles de conservación
arquitectónica y cuentan con el conocimiento técnico,
artístico y gerencial para gestionar estos inmuebles,
cabe cuestionar cuál es el espacio que queda para los
residentes en ciudades que se orientan principalmente a
ser atractivas de contemplar. Surge así la interrogante:
¿son igualmente bellas para habitar? Las recientes olas
de protestas pacícas en varias ciudades europeas
conrman que, para sus habitantes, esos lugares han
dejado de ser un hogar y se han convertido en escaparates
diseñados para el visitante.
Buckley (2025) relaciona esta situación con el
caso de Venecia, actualmente saturada de turismo, y
señala que “en los últimos cincuenta años, Josephides
ha visto cómo los destinos pasan de ser encantadores a
estar saturados”, un proceso que dene como el tránsito
“del secreto al saturado”. Si bien la meta es lograr una
conservación patrimonial efectiva que no dependa
exclusivamente de los fondos estatales, la apuesta por
un modelo centrado en el turismo puede desplazar a los
actores clave de la vida urbana: los propios vecinos. Son
ellos quienes mantienen activa la memoria de la ciudad,
quienes no solo transitan por el Centro Histórico de
Quito, sino que lo habitan y lo protegen.
En este sentido, Quito presenta un escenario
particular. Sus espacios patrimoniales son gestionados
y reconocidos por su valor arquitectónico e histórico
dentro de un marco normativo, pero, a diferencia de otras
ciudades que sucumbieron al turismo masivo, la capital
cuenta con una ventaja: no es un “secreto” por descubrir,
sino un lugar vivo, dispuesto a abrir sus puertas. Quito
combina arquitectura religiosa, calles estrechas,
fachadas modernas junto a edicaciones neoclásicas, y
una fuerte carga simbólica vinculada a la lucha social,
la vida comunitaria, el arte y el comercio popular. En
esta ciudad, las personas no solo atraviesan el espacio
patrimonial: es más bien la ciudad la que atraviesa a sus
habitantes.
Por ello, el patrimonio cultural, tanto tangible
como intangible, debe repensarse como un recurso
dinámico que permita un aprovechamiento sostenible de
un territorio habitado durante siglos. La incorporación
de nuevos elementos de movilidad y conectividad, como
el metro, puede contribuir a que el Centro Histórico de
Quito no se limite a ser un espacio digno de contemplar,
sino, sobre todo, un lugar para vivir plenamente.
A pesar de la necesidad de replantear la relación
con el turismo, resulta fundamental comprender la
estrecha vinculación entre las técnicas constructivas
y los espacios que estas conguran. Por ello, se vuelve
imprescindible analizar la situación técnica, espacial
y administrativa de los bienes patrimoniales, a n
de garantizar que las políticas públicas incorporen
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Conservación patrimonial en Quito y participación ciudadana: una relación hacia la sostenibilidad
INPC, Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador
instrumentos que atiendan estas dimensiones de
fondo. Estos inmuebles fueron concebidos mediante
sistemas constructivos propios de su época, como el
tapial, técnica que hoy en día ya no forma parte del
uso común, lo que plantea un reto en su conservación.
En este sentido, la articulación entre el sector público
y el privado podría generar sinergias que permitan un
conocimiento integral de los inmuebles, posibilitando
intervenciones completas y no fragmentadas, lo que a su
vez reduciría los costos para los propietarios y aliviaría
la carga económica que implica su conservación debido
a su especicidad técnica.
En cuanto al espacio urbano, este fue concebido
inicialmente bajo un trazado en damero que fomentaba
el uso de casas patio. Si bien en un contexto andino
como el de Quito tal diseño pudo no haber sido del
todo pertinente, en la actualidad abre la posibilidad de
repensar dichos espacios para el desarrollo de nuevas
alternativas de vivienda social. Estas podrían incluir
soluciones unihabitacionales destinadas a estudiantes,
personas solteras y otros grupos que demandan modelos
de vivienda digna distintos a los tradicionales.
Para avanzar en esta línea, resulta indispensable
contar con un inventario actualizado del estado de los
bienes patrimoniales. Con base en esta información,
las entidades gubernamentales estarían en condiciones
de identicar factores que requieren una intervención
inmediata, tanto en el ámbito físico como en el de los
incentivos socioeconómicos dirigidos a los propietarios.
Si bien estos procesos implican diversas formas
de interacción con la ciudadanía para garantizar
su participación efectiva, constituyen también
una oportunidad para explorar programas aún no
desarrollados en la política vigente.
En este sentido, se podrían impulsar espacios
más equitativos que, además de responder a necesidades
sociales, contribuyan a la conservación y potenciación
de la riqueza arquitectónica y urbana del patrimonio
cultural, portador de una gran carga histórica. Por ello,
no basta con diseñar campañas de socialización de los
programas de salvaguarda de los distintos tipos de
patrimonio cultural; es necesario que dichas campañas
partan del conocimiento de la población actual y de
los potenciales habitantes de estas áreas, cada vez
más deshabitadas. Solo así será posible rediseñar los
instrumentos de la política pública para garantizar su
sostenibilidad en el tiempo
Conclusiones
Belleza, historia y morada: el patrimonio cultural
ya no se concibe únicamente como un elemento
destinado a preservarse en su estado original. Las
políticas públicas de conservación patrimonial en
Quito reejan un proceso lleno de transformaciones,
marcado por la inuencia de actores, normativas y
hechos puntuales que han congurado la atmósfera
política desde el reconocimiento de la UNESCO en
1978 hasta la situación actual. En este escenario,
se han establecido competencias diferenciadas: a
nivel nacional, la rectoría de la política; y a nivel
local, la ejecución de la misma. Un ejemplo de ello
se evidencia en la elaboración y aplicación de la
Ordenanza Metropolitana de 2024, que, a pesar
de su especicidad, constituye un instrumento de
competencia municipal y no de aplicación obligatoria
para todos los gobiernos locales. Esto responde a que
Quito concentra el mayor número de bienes inmuebles
patrimoniales del país, mientras que en otros GAD
municipales la atención hacia el tema es limitada,
dado que sus agendas se orientan prioritariamente al
desarrollo más que a la conservación.
Desde esta perspectiva, el Centro Histórico de
Quito adquiere una relevancia especial al representar
un espacio de gran valor cultural no solo para
los quiteños, sino también para los ecuatorianos.
Su protección busca articular la conservación
patrimonial con las dinámicas sociales y urbanas
contemporáneas, en la medida en que el patrimonio
cultural tangible no constituye únicamente un legado
material, sino un recurso vivo estrechamente ligado
a la memoria, la identidad y la sostenibilidad del
territorio.
En este marco, resulta evidente que tanto
la presión de organismos internacionales como
la UNESCO, como el interés de los ecuatorianos
en preservar su patrimonio, han incidido en la
legitimación de las políticas de conservación. Sin
embargo, persisten limitaciones que ponen en
riesgo la continuidad del proceso, especialmente
en lo referente a la participación ciudadana. Las
falencias más notorias se relacionan con la falta de
representación técnica de personas de la sociedad
civil en los espacios de deliberación, la concentración
del diseño y la ejecución en las mismas instituciones,
y la dicultad de incorporar la voz cualitativa de
los habitantes más allá de indicadores formalmente
establecidos. Estos vacíos generan el riesgo de que los
procesos se reduzcan a un plano procedimental sin
atender de manera efectiva las necesidades sociales.
Asimismo, la conservación patrimonial
debe entenderse desde su relación intrínseca con
el turismo y la vivienda, lo que exige modelos
sostenibles que integren dimensiones como lo social,
lo económico y lo ambiental. En cuanto al turismo,
si bien puede resultar sostenible y convertirse en
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Vanessa Buenaño Moreno
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 2026
un motor económico, también conlleva el riesgo
de reproducir fenómenos observados en centros
históricos europeos, como la gentricación y la
pérdida de habitabilidad. Por su parte, el trazado
urbano histórico de Quito, en contraste con las
tendencias contemporáneas, plantea el desafío de
repensar nuevas formas de vivienda social que
permitan mantener la población residente en el
Centro Histórico y frenar el actual proceso de
despoblamiento.
Finalmente, el futuro de la conservación
patrimonial en Quito dependerá de las acciones que
se tomen en el presente, orientadas a fortalecer la
sinergia entre el sector público y el privado. Resulta
fundamental la actualización permanente de los
inventarios de bienes muebles e inmuebles, así como
la implementación de programas que incluyan
incentivos económicos para facilitar la rehabilitación
integral por parte de los propietarios. Solo a través de
una gestión integral, participativa y sostenible será
posible garantizar que estos espacios, cargados de
valor cultural, sigan siendo habitables y signicativos
para toda la población, evitando que se conviertan
únicamente en “vitrinas turísticas” desconectadas de
la vida cotidiana de los barrios y, en consecuencia, de
la ciudad.
Fecha de recepción: 31 de agosto de 2025
Fecha de aceptación: 23 de diciembre de 2025
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